Ramón Sola
Gara, Iruñea
22 de mayo de 2009
Los vascos y el resto de ciudadanos del estado español podrán votar legalmente a Iniciativa Internacionalista - Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) pese al afán puesto por el gobierno del PSOE, hasta la última fase del procedimiento, en que fuera vetada. La Fiscalía y la Abogacía del Estado insistieron en que debía ser proscrita hasta última hora, cuando ya en círculos políticos y mediáticos se admitía con nitidez que no había elementos objetivos para ello.
La decisión final se hizo pública cuando sólo quedaban tres cuartos de hora para que expirara el plazo legal y arrancara la campaña para las europeas, lo que apunta a que fue meditada hasta muy última hora.
En la sentencia, el Constitucional indica que ya advirtió en anteriores casos similares de que «tratándose de la acreditación de una trama defraudatoria, es evidente que la convicción judicial de su existencia deberá confirmarse a partir de la concurrencia de elementos probatorios del más diverso cariz».
Tras analizar los documentos aportados, valora que «puede deducirse razonablemente que ETA y el partido político ilegalizado conceden cierta relevancia a estas elecciones», pero que «no puede alcanzarse la conclusión de que ello haya de ser mediante la instrumentalización de esta coalición».
«Una vez más, hemos de insistir en que la 'izquierda abertzale' como expresión ideológica 'no ha sido proscrita de nuestro ordenamiento ni podría llegar a serlo'», añade el Constitucional parafraseando anteriores pronunciamientos.
La sentencia descalifica presuntas «pruebas», como las relaciones de candidatos con la izquierda abertzale o la ideología de los avalistas. «De las consideraciones vertidas sobre Alfonso Sastre, Doris Benegas y Ángeles Maestro sólo se desprende una orientación ideológica que no puede redundar en perjuicio de sus derechos de participación política», apunta.
El fallo supone un serio contratiempo y deja tocado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había puesto mucho interés en defender públicamente esta ilegalización, mientras compañeros de gabinete como el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, o el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, preferían guardar un prudente silencio.
Rubalcaba echó las campanas al vuelo el pasado sábado. Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo aceptando su tesis de que se cerrara el paso a II-SP, argumentó que había «pruebas suficientes» para ello y reiteró que la lista liderada por Sastre «lo que pretende es sencillamente permitir la presentación de Batasuna a las elecciones».
«Batasuna y sus acólitos y marcas satélites tienen que reconocer que en democracia o se está con los votos o se está con las bombas, pero no con ambas», remarcó Rubalcaba, que tiene el apoyo entusiasta del PP.
El ministro de Interior parecía contar con la seguridad de que el TC validaría la decisión del TS, pero obvió que en este órgano ya se produjo un amplio debate y que cinco de los magistrados -incluido el ponente de estos casos- se desmarcó del criterio mayoritario. A la luz de las alegaciones presentadas por II-SP, crecieron las voces que afirmaban que no había motivo alguno para impedir que ejerciera su derecho a concurrir. Varios medios recordaron que Europa lleva tiempo vigilando este tipo de aplicaciones «extensivas» de la Ley de Partidos.
Pese a ello, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía habían insistido en defender la ilegalización de esta candidatura hasta el último momento. En las alegaciones presentadas el miércoles, veían insuficientes las explicaciones de II-SP.
Así, la Fiscalía abundó en la afirmación de que la estrategia de II-SP constituía un mero «ardid de ETA» para tratar de llegar a Estrasburgo. Pese a que en la candidatura ni siquiera hay candidatos vascos salvo Alfonso Sastre, que está afincado en Hondarribia hace muchos años, el fiscal presentaba la candidatura como «sólo un ropaje formal, una mera instrumentalización de un objetivo: el de hacer que el entorno político de ETA siga manteniendo su presencia en las instituciones democráticas, en este caso en el Parlamento Europeo».
Sobre los candidatos, además de la vinculación que se hace entre Sastre y la número dos, Doris Benegas, la Fiscalía añadió datos como que la candidata Ángeles Maestro colgara un artículo en la web kaosenlared.net que indica que Iniciativa Internacionalista «defiende planteamientos plenamente coherentes con los posicionamientos ideológicos de la izquierda abertzale». Se da la circunstancia de que el gobierno español ha argumentado en muchísimas ocasiones que la Ley de Partidos no persigue ideas, sino comportamientos delictivos.
Resultaba llamativa también la afirmación de la Abogacía del Estado de que la condena del atentado contra el ex edil del PSE Isaías Carrasco hecha por el portavoz de II-SP Luis Ocampo «no es suficiente» dado que al mismo tiempo éste insistió en que «la represión no es la vía de solución en el País Vasco».
Sobre el manifiesto de la coalición, la Abogacía llegaba a decir que «está redactado en un lenguaje violento» al hablar de «los diversos pueblos oprimidos por el estado español» y expresar su apoyo a «las luchas» de todos ellos. «Frente a un estado que oprime naciones varias y es cárcel de pueblos y gentes, ¿qué puede significar apoyo de la 'lucha' de cualquier pueblo 'por su libertad y dignidad'?», preguntaba el Gobierno en su alegato.
Iniciativa Internacionalista - Solidaridad entre los Pueblos valorará hoy en rueda de prensa la decisión del Tribunal Constitucional, pero anoche su representante legal, Luis Ocampo, ya saludó la noticia con «altísima satisfacción». Matizó, no obstante, que lo único que ha hecho el Constitucional es «restituir un derecho evidente y clarísimo» de estar en las urnas el 7-J.
A partir de hoy, II-TS trabajará para conseguir un número de votos que considera que será «significativo» con el conjunto del Estado, donde se calcula que harán falta cerca de 250 mil votos para lograr un eurodiputado.
Antes de que el caso llegara a su fin, por la mañana II-TS salió a la palestra para evidenciar que toda la persecución en su contra supone que en el estado español no se cumplen los estándares mínimos de cualquier democracia. «En la época del segundo quinquenio de los 70 se hablaba de 'búnker franquista' y ahora podemos hablar de 'búnker constitucional'», afirmó en una nota de prensa.
Su valoración incide en que el estado español no puede considerarse como democrático por motivos de raíz y de desarrollo. Entre los primeros, recuerda que el actual rey «juró como sucesor en función de las Leyes Fundamentales del Movimiento, estructura jurídica básica del régimen franquista».
Añade que «en el estado español la separación de poderes es inexistente y además notoria». Y cita, en paralelo, que tampoco se cumple el requisito de respeto a las libertades fundamentales, toda vez que se cierran medios, se ilegalizan organizaciones o se prohíben manifestaciones.
Siguiendo con su repaso, II-SP cita que además en el ámbito del Estado existen presos políticos, que no se cumple el principio de seguridad jurídica («lo que ayer no era delito hoy lo es, incluso con carácter retroactivo»), que lo mismo ocurre con la igualdad de los ciudadanos ante la ley y, por último, que las FSE mantienen un carácter «represivo».
«El régimen español recurre de una forma cada vez más intensa y extensa a la represión como forma de garantizar su continuidad -concluye el comunicado-. Esta vía tampoco le va a servir a medio plazo».
