GARA | MADRID
Iniciativa Internacionalista - La Solidaridad de los Pueblos explicó ayer que su ánimo es «resolver los problemas». Y para ello, anunció que una de las líneas fundamentales de su campaña electoral será impulsar una solución «dialogada, política y democrática al conflicto entre el Estado y un sector muy significativo del pueblo vasco».
En una rueda de prensa para valorar el fallo del Tribunal Constitucional que revoca el veto del Supremo a concurrir a las próximas elecciones europeas, el representante legal de II-SP, Luis Ocampo, animó a realizar reflexiones «desde la observación» y no limitarse a planteamientos «simplistas» como la pregunta de si condenan a ETA, que se negó a responder. «Cuando un problema lleva décadas sin resolverse, no se puede resolver con sí o con no, con simpleza», subrayó.
«Apostamos por que este conflicto se reconduzca hacia caminos políticos de diálogo y democracia», argumentó antes de mostrar su convicción de que se podría llegar a una solución «si hubiera libertad». «Queremos ayudar a que se abra de nuevo un proceso de diálogo abierto para solucionar el conflicto por vías políticas y democráticas».
Además, advirtió de que «muchas de las personas que más voluntad política han demostrado para que este problema se resolviera están en en este momento en la cárcel», y aludió expresamente a una de ellas: Joseba Álvarez, mahaikide de Batasuna.
En este contexto, volvió a apostar por afrontar la solución «al conflicto vasco» con «seriedad y rigor» y alejarse de planteamientos «simplistas», y se preguntó además por qué no se le pregunta nunca al Rey por «su responsabilidad durante el franquismo y los crímenes franquistas».
Sobre sus perspectivas electorales, Ocampo reconoció que la coalición quedaría satisfecha con la posibilidad de conseguir un diputado en el Parlamento Europeo, algo que además aseguró que está «dentro de lo probable», como recogían las impugnaciones de Fiscalía y Abogacía del Estado y la propia sentencia del Tribunal Supremo. Por ello, pedirán al CIS que introduzca en sus próximas encuestas la opción de voto a la candidatura.
A preguntas de los periodistas, el representante legal de II-SP también abordó la posibilidad de que la izquierda abertzale pida el voto para su lista electoral. «Estaríamos absolutamente satisfechos de que la gente que tradicionalmente vota a la izquierda abertzale considerara que esta candidatura merece su confianza política», manifestó.
II-SP mostró su satisfacción por la decisión del TC que restituye sus derechos y agradeció «fraternalmente» los apoyos recibidos desde diversos territorios del estado, Europa y Latinoamérica, que calificó de «fundamentales para darle la vuelta a la campaña criminalizadora orquestada desde el Ministerio del Interior».
Luis Ocampo fue muy crítico con Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien dijo que «ha presionado de forma intolerable a su propio partido, a medios de comunicación y, lo que es peor, al TS para conseguir ilegalizar una lista compuesta por mujeres y hombres con un claro compromiso social y democrático».
En la rueda de prensa, II-SP definió que las líneas fundamentales de su campaña serán la defensa de los derechos democráticos y la justicia social, de los derechos políticos y culturales de los pueblos y de los derechos civiles, además del mencionado impulso a la «solución dialogada, política y democrática» al conflicto que se vive en Euskal Herria.
Como conclusión, señalaron que el 7-J «hay que elegir entre derechos de las personas y de los pueblos o negación de éstos. Transparencia o manipulación. Honestidad o corrupción. Solidaridad o confrontación. Es decir, democracia o Rubalcaba. Nuestra elección es clara y esperamos que centenares de miles de personas la apoyen».
Si la labor de la Policía es velar por los derechos de la ciudadanía, es evidente que eso no atañe a todas las personas. Pese a la decisión del TC, sindicatos policiales mantuvieron ayer sus acusaciones. El SUP hablaba de «lista vinculada a ETA» y de «lacayos de los terroristas» legalizados porque «no pudimos encontrar ningún muerto en el armario de nadie de la lista». La CEP se lamentaba de que la izquierda abertzale «nos la ha colado». «¿Qué más indicios quieren si no reprueban a ETA?», preguntaba la UFP. Estos agentes ejercen luego como peritos teóricamente imparciales en los juicios.
El gobierno español, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que seguirá sin bajar la guardia y vigilante ante cualquier intento de vulnerar la ley. En la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, advirtió de que «si se produce alguna actuación que pueda inducir al fraude, actuaremos con los mecanismos previstos en la ley». Teniendo en cuenta que el Ejecutivo ha sido uno de los impulsores del intento de ilegalización que el Constitucional ha considerado ilegal, tal afirmación sólo puede ser considerada como una amenaza contra II-SP.
De la Vega afirmó que el gobierno español acata y respeta la decisión del TC. No obstante, quiso precisar que la Abogacía del Estado y la Fiscalía «iniciaron actuaciones porque su obligación es garantizar que se cumple escrupulosamente la Ley de Partidos». La vicepresidenta rechazó que con esta decisión del TC se vaya a producir un retroceso en su estrategia porque quiso dejar claro que «la lucha contra el terrorismo va a seguir siendo un objetivo y vamos a acabar con el terrorismo».
Entre tanto, los grandes partidos españoles, PSOE y PP, coincidieron en respetar -al menos formalmente- la decisión del Tribunal Constitucional, pero llamaron también a derrotar a II-SP en las urnas. Así se expresaron, por ejemplo, los «número dos» de ambas listas, Ramón Jáuregui y Luis de Grandes.
En cualquier caso, ninguno de los dos partidos pudo disimular su incomodidad por la sentencia. «Somos demócratas y aceptamos que si un tribunal dice que pueden participar», dijo Ramón Jáuregui, desde el PSOE. En el PP fueron todavía más expeditivos. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, aseguró que el TC parece haberse situado «al margen de la realidad». Y Jaime Mayor Oreja, número 1 de la candidatura, remarcó que la sentencia no le parece «la más correcta y adecuada».
Por lo demás, los partidos que habitualmente se muestran contrarios a la Ley de Partidos se mostraron satisfechos por la decisión del TC, aunque algunos recalcaron la inseguridad jurídica que provoca toda esta situación en la que nunca se sabe dónde están los márgenes de la ley. Entre tanto, las asociaciones de víctimas de ETA calificaron la decisión como «un paso atrás incoherente» y «un jarro de agua fría».
