LA FUGA DE LA HISTORIA de Doménico Losurdo
Hace 1 semana.
jueves, 19 de febrero de 2009
viernes, 13 de febrero de 2009
Colombia: ¿Dónde está la bolita?
por Alberto Pinzón Sánchez
El reconocido jurista colombiano Rodrigo Uprimny, describió hace 16 años con toda seriedad, la relación esencial y obligatoria que existe entre el Estado y los derechos humanos, así:
“Jurídicamente son los estados y no los particulares quienes se han obligado por intermedio de los pactos internacionales.
Históricamente, esas garantías fueron concebidas para hacer frente a los abusos estatales. Filosóficamente, esa especificidad de los derechos humanos se justifica por cuanto la sociedad y los ciudadanos delegan en el Estado el monopolio de la violencia: es necesario entonces establecer mecanismos de protección específicos de los ciudadanos inermes frente a ese poder armado. Esos mecanismos son los derechos humanos. Cuando particulares realizan acciones que vulneran derechos, se trata de delitos y el ciudadano puede siempre recurrir a la autoridad estatal para que ésta lo proteja. Pero cuando es el Estado quien vulnera sus derechos, el ciudadano no tiene otro mecanismo, el ciudadano no tiene otro mecanismo de protección diferente a los derechos humanos” (Uprimny, R. 1993: Violencia, orden democrático y derechos humanos en América Latina. Viejos y nuevos retos para los 90. Bogotá. Pag. 148)
Tiempo perdido. 16 años después, se pueden constatar los efectos que ha producido dentro de un sector de la juventud progresista colombiana, la poderosa y sistemática prédica del “Frente Intelectual del Fascismo” (cuyo mejor exponente actual es el asesor presidencial José Obdulio Gaviria), destinada a confundir y distorsionar la noción de derechos humanos, con la finalidad perversa de ocultar y evitar la responsabilidad objetiva del terrorismo de estado ejecutado por el auto-llamado “estado social de derecho”, el cual el sacerdote jesuita Javier Giraldo caracterizó acertadamente como {“democracia genocida”}. Por algo el primo, Don Pablo, decía: {“El mucho saber perjudica”}.
No es azar. Miremos a manera de debate serio, una parte de la celebrada declaración política del Primer Congreso Nacional de Jóvenes del Polo Democrático Alternativo (que indudablemente tiene otros pronunciamientos muy positivos y unitarios), escrita el pasado 8 de febrero del 2009 en Ibagué, bajo la premura con visos de chantaje narcisista producida en el aire, por la renuncia a la dirección de ese partido del senador Gustavo Petro, caracterizado vocero de la igualdad jurídica entre el Estado y los particulares, y de la vieja y deliberada distorsión que impulsa el brillantísimo asesor José Obdulio Gaviria sobre los derechos humanos en Colombia, y su confusión con el derecho internacional humanitario.
...”El Polo Joven en correspondencia con el Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo, reafirma su oposición a la lucha armada como mecanismo para resolver las contradicciones políticas y sociales y condena el secuestro, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el terrorismo y toda suerte de actos contra la dignidad de las personas y sus derechos y bienes, sean estos cometidos por las FARC, el ELN, el paramilitarismo o por agentes del Estado. No queremos más jóvenes muertos ni desplazados por este conflicto. El Polo Joven reconoce la existencia en Colombia de un conflicto armado que debe ser resuelto por la vía política ya que consideramos que ese es el único medio para resolverlo”... Pero no es todo. Una vez conseguida esta taxativa declaración y generado dentro de las bases del Partido la zozobra ante tal contradicción (pues es absurdo pensar en una solución política al conflicto armado colombiano como se reconoce en el siguiente renglón), cuando histórica y deliberadamente se ha distorsionado el concepto de derechos humanos y se le ha confundido ex profeso con el derecho internacional humanitario. Entonces y sólo entonces, el senador Petro oficializa por medio del aparato de propaganda del régimen, su decisión “irrevocable” de abandonar la colectividad política y, lo peor, aduciendo argumentos baladíes y un tanto auto-referenciales, como supuestas e imaginarias amenazas imposibles de probar porque no existen, hechas dizque desde el exterior por agencias de noticias independientes y alternativas, que se han atrevido a desenmascarar por escrito sus actuaciones públicas.
Si el senador Petro tiene un proyecto político personal para lanzar su nombre a la Presidencia de la República en el 2010 y continuar lo que se viene haciendo, solo o acompañado, debe sacarlo a la luz pública y salir a defenderlo con argumentos programáticos, y sin mimetizarlo o arroparlo o pasarlo de contrabando dentro de otras colectividades, con la seguridad de que nadie se lo va a impedir. Pero también debe tener en cuenta, que como es público y para Colombia, muy probablemente se le analizará, debatirá o criticará, como por ejemplo.
Mientras tanto; el fullero paisa rodeado de sus garlanchines, con una mesita plegable pequeña, mueve mecánicamente tres tapas de cerveza tratando de tapar y ocultar la bolita de caucho de su reelección presidencial, hecha rudimentariamente con un borrador de lápiz, repitiendo en monótona letanía: ¿Dónde está la bolita, señores donde esta la bolita? ¡Pónganle atención señores y hagan sus apuestas! ¿Dónde está la bolita? ¡Sólo puede levantar una tapa! Mientras que en un movimiento instantáneo de prestidigitación, la esconde en la uña larga de su dedo pulgar. Mira a su víctima ya señalada por el garlanchín y le dice: ¡Le doblo la apuesta, pero sólo puede levantar una tapa! El público que ha ido en aumento, atento a la bolita y sin haber perdido una sola movida, estimula la codicia del apostador que acepta la apuesta. Destapa una de las tres tapas y ve con frustración, entre exclamaciones del público, que está vacía. Ha perdido la apuesta sin darse cuenta del timo.
Alejado y por fuera del jueguito de la bolita, Sergio Fajardo, ya escogido y seleccionado por el patronato antioqueño, protegido del desgaste propagandístico de los acerbos debates por la sucesión presidencial que se están viendo, se prepara con sabrosura para ser el próximo presidente de los colombianos.
El reconocido jurista colombiano Rodrigo Uprimny, describió hace 16 años con toda seriedad, la relación esencial y obligatoria que existe entre el Estado y los derechos humanos, así:
“Jurídicamente son los estados y no los particulares quienes se han obligado por intermedio de los pactos internacionales.
Históricamente, esas garantías fueron concebidas para hacer frente a los abusos estatales. Filosóficamente, esa especificidad de los derechos humanos se justifica por cuanto la sociedad y los ciudadanos delegan en el Estado el monopolio de la violencia: es necesario entonces establecer mecanismos de protección específicos de los ciudadanos inermes frente a ese poder armado. Esos mecanismos son los derechos humanos. Cuando particulares realizan acciones que vulneran derechos, se trata de delitos y el ciudadano puede siempre recurrir a la autoridad estatal para que ésta lo proteja. Pero cuando es el Estado quien vulnera sus derechos, el ciudadano no tiene otro mecanismo, el ciudadano no tiene otro mecanismo de protección diferente a los derechos humanos” (Uprimny, R. 1993: Violencia, orden democrático y derechos humanos en América Latina. Viejos y nuevos retos para los 90. Bogotá. Pag. 148)
Tiempo perdido. 16 años después, se pueden constatar los efectos que ha producido dentro de un sector de la juventud progresista colombiana, la poderosa y sistemática prédica del “Frente Intelectual del Fascismo” (cuyo mejor exponente actual es el asesor presidencial José Obdulio Gaviria), destinada a confundir y distorsionar la noción de derechos humanos, con la finalidad perversa de ocultar y evitar la responsabilidad objetiva del terrorismo de estado ejecutado por el auto-llamado “estado social de derecho”, el cual el sacerdote jesuita Javier Giraldo caracterizó acertadamente como {“democracia genocida”}. Por algo el primo, Don Pablo, decía: {“El mucho saber perjudica”}.
No es azar. Miremos a manera de debate serio, una parte de la celebrada declaración política del Primer Congreso Nacional de Jóvenes del Polo Democrático Alternativo (que indudablemente tiene otros pronunciamientos muy positivos y unitarios), escrita el pasado 8 de febrero del 2009 en Ibagué, bajo la premura con visos de chantaje narcisista producida en el aire, por la renuncia a la dirección de ese partido del senador Gustavo Petro, caracterizado vocero de la igualdad jurídica entre el Estado y los particulares, y de la vieja y deliberada distorsión que impulsa el brillantísimo asesor José Obdulio Gaviria sobre los derechos humanos en Colombia, y su confusión con el derecho internacional humanitario.
...”El Polo Joven en correspondencia con el Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo, reafirma su oposición a la lucha armada como mecanismo para resolver las contradicciones políticas y sociales y condena el secuestro, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el terrorismo y toda suerte de actos contra la dignidad de las personas y sus derechos y bienes, sean estos cometidos por las FARC, el ELN, el paramilitarismo o por agentes del Estado. No queremos más jóvenes muertos ni desplazados por este conflicto. El Polo Joven reconoce la existencia en Colombia de un conflicto armado que debe ser resuelto por la vía política ya que consideramos que ese es el único medio para resolverlo”... Pero no es todo. Una vez conseguida esta taxativa declaración y generado dentro de las bases del Partido la zozobra ante tal contradicción (pues es absurdo pensar en una solución política al conflicto armado colombiano como se reconoce en el siguiente renglón), cuando histórica y deliberadamente se ha distorsionado el concepto de derechos humanos y se le ha confundido ex profeso con el derecho internacional humanitario. Entonces y sólo entonces, el senador Petro oficializa por medio del aparato de propaganda del régimen, su decisión “irrevocable” de abandonar la colectividad política y, lo peor, aduciendo argumentos baladíes y un tanto auto-referenciales, como supuestas e imaginarias amenazas imposibles de probar porque no existen, hechas dizque desde el exterior por agencias de noticias independientes y alternativas, que se han atrevido a desenmascarar por escrito sus actuaciones públicas.
Si el senador Petro tiene un proyecto político personal para lanzar su nombre a la Presidencia de la República en el 2010 y continuar lo que se viene haciendo, solo o acompañado, debe sacarlo a la luz pública y salir a defenderlo con argumentos programáticos, y sin mimetizarlo o arroparlo o pasarlo de contrabando dentro de otras colectividades, con la seguridad de que nadie se lo va a impedir. Pero también debe tener en cuenta, que como es público y para Colombia, muy probablemente se le analizará, debatirá o criticará, como por ejemplo.
Mientras tanto; el fullero paisa rodeado de sus garlanchines, con una mesita plegable pequeña, mueve mecánicamente tres tapas de cerveza tratando de tapar y ocultar la bolita de caucho de su reelección presidencial, hecha rudimentariamente con un borrador de lápiz, repitiendo en monótona letanía: ¿Dónde está la bolita, señores donde esta la bolita? ¡Pónganle atención señores y hagan sus apuestas! ¿Dónde está la bolita? ¡Sólo puede levantar una tapa! Mientras que en un movimiento instantáneo de prestidigitación, la esconde en la uña larga de su dedo pulgar. Mira a su víctima ya señalada por el garlanchín y le dice: ¡Le doblo la apuesta, pero sólo puede levantar una tapa! El público que ha ido en aumento, atento a la bolita y sin haber perdido una sola movida, estimula la codicia del apostador que acepta la apuesta. Destapa una de las tres tapas y ve con frustración, entre exclamaciones del público, que está vacía. Ha perdido la apuesta sin darse cuenta del timo.
Alejado y por fuera del jueguito de la bolita, Sergio Fajardo, ya escogido y seleccionado por el patronato antioqueño, protegido del desgaste propagandístico de los acerbos debates por la sucesión presidencial que se están viendo, se prepara con sabrosura para ser el próximo presidente de los colombianos.
domingo, 8 de febrero de 2009
La ONU alerta de que el estado español ilegaliza candidaturas electorales sin garantías procesales exigibles
El Relator Especial de la ONU para la promoción de los derechos humanos ha hecho público un informe en el que, entre otros aspectos, muestra su alarma por la facilidad con que en el estado español se ilegalizan partidos y candidaturas electorales. Fija su atención en la vaguedad y amplitud de los motivos por los que la Ley de Partidos permite el veto de organizaciones políticas, al tiempo que propugna la adopción de garantías procesales más rigurosas.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
Gara, 6 de febrero de 2009
El Relator Especial de la ONU para la Promoción de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, Martin Schenin, acaba de remitir un nuevo informe sobre su «Misión a España». Además de abundar en aspectos ya recogidos en otros documentos, como el de 27 de octubre, hace expresa mención a su alarma por la vaguedad de determinados artículos de la Ley de Partidos que permiten una extensión de las ilegalizaciones, al tiempo que da a entender que los procesos de veto de formaciones políticas y agrupaciones electorales no ofrecen suficientes garantías procesales, algo que reviste especial interés en este momento preelectoral en el que están en marcha diversos mecanismos judiciales para impedir que dos candidaturas puedan concurrir a las urnas el 1 de marzo.
El Relator se ve en la obligación de «reiterar su opinión de que las medidas antiterroristas no deben utilizarse para limitar los derechos de las ONG, los medios de comunicación o los partidos políticos. Toda medida que afecte al ejercicio de los derechos fundamentales en una sociedad democrática debe aplicarse con arreglo a criterios precisos definidos por la ley y respetar los principios de proporcionalidad y necesidad».
En el documento, del Consejo de Derechos Humanos, el Relator asegura ser consciente «de la complejidad de la situación de España, pues ETA, además de su brazo militar, puede dirigir y utilizar toda una serie de asociaciones no armadas». A pesar de ello, asegura que «alberga reservas acerca de los elementos definitorios del término 'organización terrorista' establecidos en la mencionada causa, pues no parecen ofrecer suficiente precisión y podrían aplicarse a actividades que quedan fuera del ámbito de los delitos de auténtico carácter terrorista». Algo que «resulta especialmente importante si se tiene en cuenta que se han enjuiciado las actividades de una variedad de entidades, particularmente de empresas editoras de periódicos, grupos políticos y asociaciones de ciudadanos, por sus presuntos vínculos con el terrorismo».
«Preocupa al Relator Especial», según señala textualmente, la «amplitud» de «las formulaciones» de la Ley de Partidos que permiten ilegalizaciones, puesto que «podrían interpretarse en el sentido de incluir a todo partido político que, por medios políticos pacíficos, trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas».
En este contexto, «el Relator Especial recomienda firmemente que España adapte las expresiones vagas que aparecen en la Ley Orgánica de Partidos Políticos a los principios internacionales relativos a la limitación de la libertad de expresión».
Agrupaciones de electores
En el actual momento político, cuando la maquinaria estatal prepara la ilegalización de dos candidaturas, adquiere especial importancia que la ONU propugne «mecanismos jurisdiccionales que ofrezcan las garantías procesales más rigurosas a los destinatarios de decisiones judiciales encaminadas a excluir de la participación en las elecciones a determinados candidatos por considerarles vinculados a partidos políticos ilegalizados por sus conexiones con una organización terrorista». Y el propio Relator Especial añade que «ello reviste especial importancia cuando se trata de agrupaciones que se han creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas actuaciones anteriores, en consecuencia, no se tiene prueba alguna».
Extractos del documento de la ONU
«Pendiente resbaladiza»
«El marco legislativo español para la lucha contra el terrorismo se ha elaborado en buena medida en función de la lucha contra ETA. Esto crea problemas cuando la legislación se aplica al terrorismo internacional. Además, la vaguedad de algunas disposiciones del Código Penal español sobre los delitos de terrorismo conlleva el riesgo de adentrarse en una 'pendiente resbaladiza', es decir, la ampliación gradual del concepto de terrorismo a conductas que no suponen ni tienen suficiente relación con la comisión de actos de violencia graves contra los ciudadanos. Ese aspecto resulta especialmente preocupante a la luz de las medidas que se ponen en marcha cuando un delito se califica de terrorismo: la detención incomunicada; la competencia exclusiva de la Audiencia Nacional; la posibilidad de mantener a los sospechosos de terrorismo en prisión provisional por un periodo de hasta cuatro años; el agravamiento de las penas y a menudo también la modificación de las normas relativas al cumplimiento».
Proporcionalidad
«El Relator Especial recomienda que la ilegalización de una organización se realice en el marco de un respeto irreprochable de las condiciones requeridas para restringir la libertad de asociación y de expresión, es decir, de conformidad con la ley y los principios de necesidad y proporcionalidad. La ilegalización de una organización, junto con la aplicación en materia de terrorismo de normas formuladas de forma vaga y general, no hace en última instancia sino socavar el firme mensaje moral que transmiten las definiciones rigurosas, basado en la naturaleza inexcusable de todos los actos de terrorismo».
Expresiones vagas
«El pluralismo político desempeña un papel fundamental en la existencia de una sociedad verdaderamente democrática, por lo que las medidas que pueda adoptar el Estado para limitar el derecho a la participación política deben ser de carácter estrictamente excepcional y estar previstas en la ley. El Relator Especial recomienda firmemente que España adapte las expresiones vagas que aparecen en la Ley Orgánica de Partidos Políticos a los principios internacionales relativosa la limitación de la libertad de expresión, a fin de evitar el riesgo de quese apliquen a partidos políticos que, aunque compartan la orientación política de una organización terrorista, no apoyan el empleo de métodos violentos».
Más garantías
«El Relator Especial propugna mecanismos jurisdiccionales que ofrezcan las garantías procesales más rigurosas a los destinatarios de decisiones judiciales encaminadas a excluir de la participación en las elecciones a determinados candidatos por considerarles vinculados a partidos políticos ilegalizados por sus conexiones con una organización terrorista. Ello reviste especial importancia cuando se trata de agrupaciones que se han creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas actuaciones anteriores, en consecuencia, no se tiene prueba alguna».
Iñaki IRIONDO | GASTEIZGara, 6 de febrero de 2009
El Relator Especial de la ONU para la Promoción de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, Martin Schenin, acaba de remitir un nuevo informe sobre su «Misión a España». Además de abundar en aspectos ya recogidos en otros documentos, como el de 27 de octubre, hace expresa mención a su alarma por la vaguedad de determinados artículos de la Ley de Partidos que permiten una extensión de las ilegalizaciones, al tiempo que da a entender que los procesos de veto de formaciones políticas y agrupaciones electorales no ofrecen suficientes garantías procesales, algo que reviste especial interés en este momento preelectoral en el que están en marcha diversos mecanismos judiciales para impedir que dos candidaturas puedan concurrir a las urnas el 1 de marzo.
El Relator se ve en la obligación de «reiterar su opinión de que las medidas antiterroristas no deben utilizarse para limitar los derechos de las ONG, los medios de comunicación o los partidos políticos. Toda medida que afecte al ejercicio de los derechos fundamentales en una sociedad democrática debe aplicarse con arreglo a criterios precisos definidos por la ley y respetar los principios de proporcionalidad y necesidad».
En el documento, del Consejo de Derechos Humanos, el Relator asegura ser consciente «de la complejidad de la situación de España, pues ETA, además de su brazo militar, puede dirigir y utilizar toda una serie de asociaciones no armadas». A pesar de ello, asegura que «alberga reservas acerca de los elementos definitorios del término 'organización terrorista' establecidos en la mencionada causa, pues no parecen ofrecer suficiente precisión y podrían aplicarse a actividades que quedan fuera del ámbito de los delitos de auténtico carácter terrorista». Algo que «resulta especialmente importante si se tiene en cuenta que se han enjuiciado las actividades de una variedad de entidades, particularmente de empresas editoras de periódicos, grupos políticos y asociaciones de ciudadanos, por sus presuntos vínculos con el terrorismo».
«Preocupa al Relator Especial», según señala textualmente, la «amplitud» de «las formulaciones» de la Ley de Partidos que permiten ilegalizaciones, puesto que «podrían interpretarse en el sentido de incluir a todo partido político que, por medios políticos pacíficos, trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas».
En este contexto, «el Relator Especial recomienda firmemente que España adapte las expresiones vagas que aparecen en la Ley Orgánica de Partidos Políticos a los principios internacionales relativos a la limitación de la libertad de expresión».
Agrupaciones de electores
En el actual momento político, cuando la maquinaria estatal prepara la ilegalización de dos candidaturas, adquiere especial importancia que la ONU propugne «mecanismos jurisdiccionales que ofrezcan las garantías procesales más rigurosas a los destinatarios de decisiones judiciales encaminadas a excluir de la participación en las elecciones a determinados candidatos por considerarles vinculados a partidos políticos ilegalizados por sus conexiones con una organización terrorista». Y el propio Relator Especial añade que «ello reviste especial importancia cuando se trata de agrupaciones que se han creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas actuaciones anteriores, en consecuencia, no se tiene prueba alguna».
Extractos del documento de la ONU
«Pendiente resbaladiza»
«El marco legislativo español para la lucha contra el terrorismo se ha elaborado en buena medida en función de la lucha contra ETA. Esto crea problemas cuando la legislación se aplica al terrorismo internacional. Además, la vaguedad de algunas disposiciones del Código Penal español sobre los delitos de terrorismo conlleva el riesgo de adentrarse en una 'pendiente resbaladiza', es decir, la ampliación gradual del concepto de terrorismo a conductas que no suponen ni tienen suficiente relación con la comisión de actos de violencia graves contra los ciudadanos. Ese aspecto resulta especialmente preocupante a la luz de las medidas que se ponen en marcha cuando un delito se califica de terrorismo: la detención incomunicada; la competencia exclusiva de la Audiencia Nacional; la posibilidad de mantener a los sospechosos de terrorismo en prisión provisional por un periodo de hasta cuatro años; el agravamiento de las penas y a menudo también la modificación de las normas relativas al cumplimiento».
Proporcionalidad
«El Relator Especial recomienda que la ilegalización de una organización se realice en el marco de un respeto irreprochable de las condiciones requeridas para restringir la libertad de asociación y de expresión, es decir, de conformidad con la ley y los principios de necesidad y proporcionalidad. La ilegalización de una organización, junto con la aplicación en materia de terrorismo de normas formuladas de forma vaga y general, no hace en última instancia sino socavar el firme mensaje moral que transmiten las definiciones rigurosas, basado en la naturaleza inexcusable de todos los actos de terrorismo».
Expresiones vagas
«El pluralismo político desempeña un papel fundamental en la existencia de una sociedad verdaderamente democrática, por lo que las medidas que pueda adoptar el Estado para limitar el derecho a la participación política deben ser de carácter estrictamente excepcional y estar previstas en la ley. El Relator Especial recomienda firmemente que España adapte las expresiones vagas que aparecen en la Ley Orgánica de Partidos Políticos a los principios internacionales relativosa la limitación de la libertad de expresión, a fin de evitar el riesgo de quese apliquen a partidos políticos que, aunque compartan la orientación política de una organización terrorista, no apoyan el empleo de métodos violentos».
Más garantías
«El Relator Especial propugna mecanismos jurisdiccionales que ofrezcan las garantías procesales más rigurosas a los destinatarios de decisiones judiciales encaminadas a excluir de la participación en las elecciones a determinados candidatos por considerarles vinculados a partidos políticos ilegalizados por sus conexiones con una organización terrorista. Ello reviste especial importancia cuando se trata de agrupaciones que se han creado con el único fin de presentarse a las elecciones y de cuyas actuaciones anteriores, en consecuencia, no se tiene prueba alguna».
jueves, 5 de febrero de 2009
miércoles, 4 de febrero de 2009
Cuba, ¿dictadura o democracia?
Carlo Frabetti ha resumido en este artículo una conferencia que pronunció recientemente en la sede del PCE en León (estado español) con motivo del 50º aniversario de la revolución cubana. Desgrana aquí, con ejemplos claros y cercanos, algunas de las falacias más comunes sobre la experiencia cubana. También sobre la experiencia occidental.
Conviene empezar señalando que la antinomia dictadura-democracia es equívoca, en la medida en que sugiere una simetría entre ambos conceptos, o entre ambas formas de gobierno así denominadas, que tiene que ver más con la terminología que con la realidad. Pues mientras la dictadura es algo muy concreto y muchas veces realizado a lo largo de la historia, la democracia es una mera entelequia, un proyecto nunca llevado a cabo y pocas veces emprendido realmente.
La teoría está bastante clara desde los tiempos de Pericles, que definió la democracia como igualdad ante la ley, apoyo a los débiles y protección del estado frente al egoísmo individualista, así como del individuo frente a los abusos del estado. Pero en la Grecia de Pericles había esclavos, y las mujeres estaban, de hecho, relegadas al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas. Tanto es así que, precisamente por vivir en una época de intensa actividad intelectual y política de la que se veían excluidas, las mujeres de la Grecia del siglo V a. C. eran especialmente desgraciadas, y hubo entre ellas una auténtica ola de suicidios (además de la filosofía y la democracia, los griegos inventaron algo tan actual como la depresión del ama de casa).
Las supuestas democracias posteriores tampoco llegarían nunca a merecer ese nombre, y el propio Rousseau dijo que la democracia, en sentido estricto, es imposible, puesto que para alcanzarla deberían dedicarse activamente a la política todos los ciudadanos, y no sólo sus representantes. Y ya en el siglo pasado, en los años veinte, el jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen (que desarrolló la idea de «contrato social» para desvincular el Derecho de toda supuesta ley natural o inspiración divina) llevó a cabo una demoledora crítica de la democracia representativa y propuso como solución lo que desde entonces se conoce como «democracia participativa». Esta participación, más allá de la mera representación, debería basarse, según Kelsen, en lo que él denominó la parlamentarización de la sociedad, es decir, en la creación y desarrollo de un denso tejido asambleario que permitiera, e incluso fomentara, la intervención directa de un número cada vez mayor de ciudadanos y ciudadanas en los debates sociopolíticos y en la toma de decisiones.
Sin embargo, como es bien sabido, en las autodenominadas democracias occidentales se ha impuesto el modelo representativo en su versión más simplista, que consiste en un bipartidismo -oficial o de facto- que reduce la participación ciudadana a elegir cada cuatro o cinco años entre dos candidatos presidenciales (que, además, en el fondo suponen una única opción: el capitalismo). Y esta seudodemocracia representativa, de libertades meramente formales o teóricas, no sólo se ha impuesto en todo el «primer mundo», sino que además pretende erigirse en modelo único y piedra de toque para validar o invalidar otras formas de gobierno. De ahí que los principales argumentos de quienes afirman que Cuba es una dictadura suelan ser, con ligeras variantes, los siguientes:
1. En Cuba no hay libertad de expresión.
2. Los cubanos no pueden agruparse libremente en partidos políticos.
3. En Cuba no hay elecciones.
4. Los disidentes cubanos son reprimidos brutalmente.
Vayamos por puntos:
1. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿La hay en las supuestas democracias occidentales? «Aquí cualquiera puede crear un periódico», dicen los defensores del mercado libre, omitiendo un pequeño detalle: puede crear un periódico cualquiera que tenga diez millones de euros, o preferiblemente cien. Y quien no los tenga no sólo no puede crear un periódico, sino ni siquiera escribir en él a no ser que se someta los dictados de sus dueños. Y si a pesar de todo alguien logra colar en un medio de amplia difusión una opinión (o incluso una información) poco conveniente, corre el riesgo, en la «España democrática» (las comillas indican el uso irónico de ambos términos), de sufrir el mismo tipo de represión que durante el franquismo. Miles de personas podrían ir a la cárcel por decir públicamente lo que opinan de un rey impuesto por Franco, y el mero hecho de defender la Revolución cubana o la lucha del pueblo vasco por su autodeterminación nos cierra a quienes lo hacemos las puertas de los grandes medios. En esta «España democrática» que no es ni una cosa ni otra, no sólo no hay libertad de expresión, sino ni siquiera libertad de silencio: te pueden ilegalizar por no condenar públicamente aquello -y sólo aquello- que el poder decide que hay que condenar.
2. De los partidos políticos cabe decir prácticamente lo mismo que de la libertad de expresión. ¿Quién puede crear y mantener un partido con posibilidades reales de acceder al poder, incluso a una pequeña parcela de poder? El bipartidismo característico de las democracias occidentales (por no hablar de los costes astronómicos de las campañas electorales) es la mejor prueba de que sus «elecciones libres» son una falacia. Y si, excepcionalmente, una formación política con amplio respaldo popular consigue convertirse en una amenaza real para los poderes establecidos, se la ilegaliza promulgando sobre la marcha una ley ad hoc y asunto concluido. Y si eso no es suficiente, se reprime a sus miembros sin reparar en medios; medios que incluyen la tortura, el secuestro, el asesinato y otras formas de terrorismo de estado, como dejó bien patente la trama de los GAL.
3. Curiosamente, está bastante difundida la creencia de que en Cuba no hay elecciones, cuando probablemente sea el país del mundo en el que más elecciones se celebran. Cada dos años y medio son elegidos los delegados de las asambleas municipales, y cada cinco los de las asambleas provinciales y la Asamblea Nacional. Los candidatos los designan los propios electores, y no hay campañas electorales. Pero además hay una incesante actividad asamblearia en los barrios, en los lugares de trabajo, en las agrupaciones profesionales... Si en algún lugar del mundo se ha avanzado de forma significativa en el camino de la parlamentarización de la sociedad propugnada por Kelsen, es en Cuba.
4. Habría que empezar por distinguir entre disidentes y agentes del enemigo. El propio Gobierno de Estados Unidos alardea de los millones de dólares que gasta cada año en financiar a los quintacolumnistas cubanos, cuyas actividades no excluyen los sabotajes ni los atentados. En todos los países del mundo se castiga con el máximo rigor a quienes colaboran con un país enemigo, y en comparación con la brutalidad de la represión en los sedicentes estados de derecho, Cuba destaca, en todo caso, por su moderación. En cuanto a los disidentes reales, gozan de mucho mayor respeto en Cuba que en la «España democrática». Si un Serrat o un Sabina criticaran al Gobierno español (o a sus protectores del PSOE y de Prisa) como Pablo Milanés critica al Gobierno cubano, su presencia en los grandes medios sería mucho menos asidua. Si alguien tiene alguna duda al respecto, que piense en Alfonso Sastre, mundialmente reconocido como el más grande dramaturgo vivo de la lengua castellana y hasta hace poco totalmente ignorado por las instituciones y los grandes grupos mediático-culturales.
Dicho lo cual, ¿significa esto que Cuba ha alcanzado la democracia? Por supuesto que no. En Cuba queda mucho por hacer y mucho por deshacer. Pero mientras otros pretenden haberla alcanzado ya para no tener que ir hacia ella, los cubanos avanzan con empeño, día tras día, hacia la verdadera democracia, es decir, hacia el socialismo verdadero. Con tanto empeño que en los últimos veinticinco años han avanzado más que nosotros en veinticinco siglos.
Conviene empezar señalando que la antinomia dictadura-democracia es equívoca, en la medida en que sugiere una simetría entre ambos conceptos, o entre ambas formas de gobierno así denominadas, que tiene que ver más con la terminología que con la realidad. Pues mientras la dictadura es algo muy concreto y muchas veces realizado a lo largo de la historia, la democracia es una mera entelequia, un proyecto nunca llevado a cabo y pocas veces emprendido realmente.
La teoría está bastante clara desde los tiempos de Pericles, que definió la democracia como igualdad ante la ley, apoyo a los débiles y protección del estado frente al egoísmo individualista, así como del individuo frente a los abusos del estado. Pero en la Grecia de Pericles había esclavos, y las mujeres estaban, de hecho, relegadas al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas. Tanto es así que, precisamente por vivir en una época de intensa actividad intelectual y política de la que se veían excluidas, las mujeres de la Grecia del siglo V a. C. eran especialmente desgraciadas, y hubo entre ellas una auténtica ola de suicidios (además de la filosofía y la democracia, los griegos inventaron algo tan actual como la depresión del ama de casa).
Las supuestas democracias posteriores tampoco llegarían nunca a merecer ese nombre, y el propio Rousseau dijo que la democracia, en sentido estricto, es imposible, puesto que para alcanzarla deberían dedicarse activamente a la política todos los ciudadanos, y no sólo sus representantes. Y ya en el siglo pasado, en los años veinte, el jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen (que desarrolló la idea de «contrato social» para desvincular el Derecho de toda supuesta ley natural o inspiración divina) llevó a cabo una demoledora crítica de la democracia representativa y propuso como solución lo que desde entonces se conoce como «democracia participativa». Esta participación, más allá de la mera representación, debería basarse, según Kelsen, en lo que él denominó la parlamentarización de la sociedad, es decir, en la creación y desarrollo de un denso tejido asambleario que permitiera, e incluso fomentara, la intervención directa de un número cada vez mayor de ciudadanos y ciudadanas en los debates sociopolíticos y en la toma de decisiones.
Sin embargo, como es bien sabido, en las autodenominadas democracias occidentales se ha impuesto el modelo representativo en su versión más simplista, que consiste en un bipartidismo -oficial o de facto- que reduce la participación ciudadana a elegir cada cuatro o cinco años entre dos candidatos presidenciales (que, además, en el fondo suponen una única opción: el capitalismo). Y esta seudodemocracia representativa, de libertades meramente formales o teóricas, no sólo se ha impuesto en todo el «primer mundo», sino que además pretende erigirse en modelo único y piedra de toque para validar o invalidar otras formas de gobierno. De ahí que los principales argumentos de quienes afirman que Cuba es una dictadura suelan ser, con ligeras variantes, los siguientes:
1. En Cuba no hay libertad de expresión.
2. Los cubanos no pueden agruparse libremente en partidos políticos.
3. En Cuba no hay elecciones.
4. Los disidentes cubanos son reprimidos brutalmente.
Vayamos por puntos:
1. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿La hay en las supuestas democracias occidentales? «Aquí cualquiera puede crear un periódico», dicen los defensores del mercado libre, omitiendo un pequeño detalle: puede crear un periódico cualquiera que tenga diez millones de euros, o preferiblemente cien. Y quien no los tenga no sólo no puede crear un periódico, sino ni siquiera escribir en él a no ser que se someta los dictados de sus dueños. Y si a pesar de todo alguien logra colar en un medio de amplia difusión una opinión (o incluso una información) poco conveniente, corre el riesgo, en la «España democrática» (las comillas indican el uso irónico de ambos términos), de sufrir el mismo tipo de represión que durante el franquismo. Miles de personas podrían ir a la cárcel por decir públicamente lo que opinan de un rey impuesto por Franco, y el mero hecho de defender la Revolución cubana o la lucha del pueblo vasco por su autodeterminación nos cierra a quienes lo hacemos las puertas de los grandes medios. En esta «España democrática» que no es ni una cosa ni otra, no sólo no hay libertad de expresión, sino ni siquiera libertad de silencio: te pueden ilegalizar por no condenar públicamente aquello -y sólo aquello- que el poder decide que hay que condenar.
2. De los partidos políticos cabe decir prácticamente lo mismo que de la libertad de expresión. ¿Quién puede crear y mantener un partido con posibilidades reales de acceder al poder, incluso a una pequeña parcela de poder? El bipartidismo característico de las democracias occidentales (por no hablar de los costes astronómicos de las campañas electorales) es la mejor prueba de que sus «elecciones libres» son una falacia. Y si, excepcionalmente, una formación política con amplio respaldo popular consigue convertirse en una amenaza real para los poderes establecidos, se la ilegaliza promulgando sobre la marcha una ley ad hoc y asunto concluido. Y si eso no es suficiente, se reprime a sus miembros sin reparar en medios; medios que incluyen la tortura, el secuestro, el asesinato y otras formas de terrorismo de estado, como dejó bien patente la trama de los GAL.
3. Curiosamente, está bastante difundida la creencia de que en Cuba no hay elecciones, cuando probablemente sea el país del mundo en el que más elecciones se celebran. Cada dos años y medio son elegidos los delegados de las asambleas municipales, y cada cinco los de las asambleas provinciales y la Asamblea Nacional. Los candidatos los designan los propios electores, y no hay campañas electorales. Pero además hay una incesante actividad asamblearia en los barrios, en los lugares de trabajo, en las agrupaciones profesionales... Si en algún lugar del mundo se ha avanzado de forma significativa en el camino de la parlamentarización de la sociedad propugnada por Kelsen, es en Cuba.
4. Habría que empezar por distinguir entre disidentes y agentes del enemigo. El propio Gobierno de Estados Unidos alardea de los millones de dólares que gasta cada año en financiar a los quintacolumnistas cubanos, cuyas actividades no excluyen los sabotajes ni los atentados. En todos los países del mundo se castiga con el máximo rigor a quienes colaboran con un país enemigo, y en comparación con la brutalidad de la represión en los sedicentes estados de derecho, Cuba destaca, en todo caso, por su moderación. En cuanto a los disidentes reales, gozan de mucho mayor respeto en Cuba que en la «España democrática». Si un Serrat o un Sabina criticaran al Gobierno español (o a sus protectores del PSOE y de Prisa) como Pablo Milanés critica al Gobierno cubano, su presencia en los grandes medios sería mucho menos asidua. Si alguien tiene alguna duda al respecto, que piense en Alfonso Sastre, mundialmente reconocido como el más grande dramaturgo vivo de la lengua castellana y hasta hace poco totalmente ignorado por las instituciones y los grandes grupos mediático-culturales.
Dicho lo cual, ¿significa esto que Cuba ha alcanzado la democracia? Por supuesto que no. En Cuba queda mucho por hacer y mucho por deshacer. Pero mientras otros pretenden haberla alcanzado ya para no tener que ir hacia ella, los cubanos avanzan con empeño, día tras día, hacia la verdadera democracia, es decir, hacia el socialismo verdadero. Con tanto empeño que en los últimos veinticinco años han avanzado más que nosotros en veinticinco siglos.
domingo, 1 de febrero de 2009
Un tipo serio
por Antonio Caballero
31 de enero de 2009
Álvaro Uribe pone a los suyos a sacarse los ojos los unos a los otros, en un juego cruel de emperador romano, para que diriman la disputa sobre cuál ha de ser su heredero. Él no dice sobre su propia candidatura ni sí ni no, pero se deja interpretar por unos y por otros contradictoriamente. "Más claro no canta un gallo", afirmó el ministro Fabio Valencia Cossio. "Cuando un pato tiene pico de pato y nada como un pato..." etcétera, había dicho otro uribista, no recuerdo bien cuál. Y luego otra, la embajadora Noemí Sanín, metió la cucharada: "Blanco es, gallina lo pone". "Uribe no irá", cuenta la directora de El Colombiano que le mandó decir Uribe con otro ministro, al parecer Juan Manuel Santos.
Y ahora el consejero uribista José Obdulio Gaviria, el Rasputín del régimen, se larga con lo siguiente:
— La posibilidad de que el Presidente vaya o no garantiza la unidad de los aspirantes uribistas.
Y todos van, no unidos, por supuesto, pero sí juntos, en rogativa de rodillas ante su santo patrón para suplicarle que diga sí o no, aunque sea con el dedo, o que con el ojo haga un guiño, o que a la pregunta que todos le hacen —"¿seré yo, Maestro?", responda alguna vez "Tú lo has dicho", como Cristo a Judas en la Última Cena según el Evangelio de Mateo. Y él, callado, callado, viendo cómo todos se dan patadas por debajo de la mesa.
El espectáculo recuerda una secuencia del documental que hizo Barbet Schroeder sobre Idi Amín Dadá de Uganda, hace 30 años. El tirano obliga a sus ministros a competir en un concurso de natación -¡patos al agua!-, y él se tira detrás a la piscina. Y va nadando en diagonal, hundiendo al pasar de un manotazo a un ministro tras otro. Cuando llega a la orilla opuesta se yergue chorreante y feliz, y saluda a la cámara diciendo:
—¡Gané!
Así va a volver a ganar el presidente Uribe, y unos cuantos van a quedar ahogados en el fondo de la piscina. La fiel Marta Lucía, que se cambió de peinado; el saltimbanqui Rivera, que se afeitó el bigote; Sabas, el del cohecho; Santos, el de los falsos positivos; el patético Holguín. Arias, el 'Uribito', reclina su cabecita rubia sobre los pechos de su presidente, como el discípulo amado en la Última Cena pintada por Leonardo. Vargas Lleras ya flota bocarriba, medio comido por los cocodrilos. Así terminaron varios de los seguidores de Idi Amín.
Pero el uribismo puede regocijarse en los lujos del canibalismo interno: tiene las piltrafas de la repartija de la marrana. Lo que resulta incomprensible es que en lo mismo anda el Polo, que no tiene nada qué repartir como no sea la mula muerta de Samuel atravesada en la infraestructura vial. Miro las cuentas que echa la prensa especializada en taxonomía politiquera (o sea, toda la prensa nacional) y encuentro que el Polo Democrático Alternativo se encuentra dividido en por lo menos siete alas: varias más de las que tenía cuando se unificó (y no cuento a los desertores individuales que se reinsertaron en el uribismo dentro del plan de recompensas y protección de testigos). Las enumero: hay el Polo-Anapo, de los hermanos Moreno Rojas, Samuel e Iván; el Polo-PC, de Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja; el Polo que Suma, de Carlos Romero; el Polo-Moir, de Jorge Enrique Robledo; el Polo al sur, de Alexánder López; el Polo a Lucho, de Lucho Garzón; y el Polo a Petro, de Gustavo Petro, que se define como posuribista. Y sin duda tiene razón, pero ¿él solito?
Porque el Polo tiene, claro, la obligación histórica de estar pensando en el posuribismo. Pero en un posuribismo que no sea la continuación del uribismo sino su negación: un posuribismo antiuribista. Y ya existe, si es que los egoísmos nos dejan verlo: es el Polo en torno a Carlos Gaviria, que es el único tipo serio que tiene la política colombiana. Así lo demuestra el hecho de que es el único que no ha lanzado su propia candidatura presidencial. Pero cuando la lanzó el Polo unido hace dos años y medio obtuvo nada menos que 2.600.000 votos.
El posuribisno está ahí.
31 de enero de 2009
Álvaro Uribe pone a los suyos a sacarse los ojos los unos a los otros, en un juego cruel de emperador romano, para que diriman la disputa sobre cuál ha de ser su heredero. Él no dice sobre su propia candidatura ni sí ni no, pero se deja interpretar por unos y por otros contradictoriamente. "Más claro no canta un gallo", afirmó el ministro Fabio Valencia Cossio. "Cuando un pato tiene pico de pato y nada como un pato..." etcétera, había dicho otro uribista, no recuerdo bien cuál. Y luego otra, la embajadora Noemí Sanín, metió la cucharada: "Blanco es, gallina lo pone". "Uribe no irá", cuenta la directora de El Colombiano que le mandó decir Uribe con otro ministro, al parecer Juan Manuel Santos.
Y ahora el consejero uribista José Obdulio Gaviria, el Rasputín del régimen, se larga con lo siguiente:
— La posibilidad de que el Presidente vaya o no garantiza la unidad de los aspirantes uribistas.
Y todos van, no unidos, por supuesto, pero sí juntos, en rogativa de rodillas ante su santo patrón para suplicarle que diga sí o no, aunque sea con el dedo, o que con el ojo haga un guiño, o que a la pregunta que todos le hacen —"¿seré yo, Maestro?", responda alguna vez "Tú lo has dicho", como Cristo a Judas en la Última Cena según el Evangelio de Mateo. Y él, callado, callado, viendo cómo todos se dan patadas por debajo de la mesa.
El espectáculo recuerda una secuencia del documental que hizo Barbet Schroeder sobre Idi Amín Dadá de Uganda, hace 30 años. El tirano obliga a sus ministros a competir en un concurso de natación -¡patos al agua!-, y él se tira detrás a la piscina. Y va nadando en diagonal, hundiendo al pasar de un manotazo a un ministro tras otro. Cuando llega a la orilla opuesta se yergue chorreante y feliz, y saluda a la cámara diciendo:
—¡Gané!
Así va a volver a ganar el presidente Uribe, y unos cuantos van a quedar ahogados en el fondo de la piscina. La fiel Marta Lucía, que se cambió de peinado; el saltimbanqui Rivera, que se afeitó el bigote; Sabas, el del cohecho; Santos, el de los falsos positivos; el patético Holguín. Arias, el 'Uribito', reclina su cabecita rubia sobre los pechos de su presidente, como el discípulo amado en la Última Cena pintada por Leonardo. Vargas Lleras ya flota bocarriba, medio comido por los cocodrilos. Así terminaron varios de los seguidores de Idi Amín.
Pero el uribismo puede regocijarse en los lujos del canibalismo interno: tiene las piltrafas de la repartija de la marrana. Lo que resulta incomprensible es que en lo mismo anda el Polo, que no tiene nada qué repartir como no sea la mula muerta de Samuel atravesada en la infraestructura vial. Miro las cuentas que echa la prensa especializada en taxonomía politiquera (o sea, toda la prensa nacional) y encuentro que el Polo Democrático Alternativo se encuentra dividido en por lo menos siete alas: varias más de las que tenía cuando se unificó (y no cuento a los desertores individuales que se reinsertaron en el uribismo dentro del plan de recompensas y protección de testigos). Las enumero: hay el Polo-Anapo, de los hermanos Moreno Rojas, Samuel e Iván; el Polo-PC, de Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja; el Polo que Suma, de Carlos Romero; el Polo-Moir, de Jorge Enrique Robledo; el Polo al sur, de Alexánder López; el Polo a Lucho, de Lucho Garzón; y el Polo a Petro, de Gustavo Petro, que se define como posuribista. Y sin duda tiene razón, pero ¿él solito?
Porque el Polo tiene, claro, la obligación histórica de estar pensando en el posuribismo. Pero en un posuribismo que no sea la continuación del uribismo sino su negación: un posuribismo antiuribista. Y ya existe, si es que los egoísmos nos dejan verlo: es el Polo en torno a Carlos Gaviria, que es el único tipo serio que tiene la política colombiana. Así lo demuestra el hecho de que es el único que no ha lanzado su propia candidatura presidencial. Pero cuando la lanzó el Polo unido hace dos años y medio obtuvo nada menos que 2.600.000 votos.
El posuribisno está ahí.
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