Iñaki IRIONDOGara, 23 de mayo de 2009
Acusaciones de complicidad y connivencia que entre vascos se aceptan aunque sean infundadas se vuelven inasumibles al sobrepasar las lindes de Euskal Herria, un efecto que el gobierno español no calculó cuando ordenó impugnar la candidatura de II-SP. Así que una vez encendidas las luces de alarma entre líderes de opinión, el Tribunal Constitucional ha decidido no comprometerse él ni comprometer al Estado.
El Gobierno y el Tribunal Supremo habían vuelto a ir demasiado lejos. Pero esta vez se habían pasado mucho, mucho. Hasta el punto de que entre los propios defensores de la Ley de Partidos y sus consecuencias se encendieron luces de alarma. Temían que por una cuestión de caza menor -como una candidatura de izquierda estatal en unas elecciones a la Eurocámara, pese a las suspicacias que levantara- se pudiera acabar perdiendo la gran pieza.
El miedo, expresado con nitidez en algunos medios, era que la prohibición sin pruebas de Iniciativa Internacionalista pudiera afectar ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en la causa abierta por la ilegalización de Batasuna. «A ver si por esta nimiedad se va a notar demasiado que todo es una patraña y en Europa acaban dándonos para el pelo», venían a decir. Rezaron al Tribunal Constitucional y se obró el milagro.
Da la impresión de que una verdadera estrategia de Estado y el instinto de conservación del Tribunal Constitucional han primado en esta ocasión sobre la visión cortoplacista con la que había actuado el gobierno español, liderado en la materia por Alfredo Pérez Rubalcaba.
El actual ministro español del Interior ofrece indicios de haber hecho de la derrota de ETA (no de la resolución del conflicto) una cuestión personal, y los plazos vitales son siempre más cortos que los históricos. Por eso, Alfredo Pérez Rubalcaba anda intentado matar moscas a cañonazos, con el beneplácito de José Luis Rodríguez Zapatero, probablemente más ocupado ahora en otros problemas. Tras la ruptura del proceso negociador, el ministro juró venganza y la ha ido aplicando hasta las últimas consecuencias en un intento de ahogar a la izquierda abertzale.
Rubalcaba no tiene la vista puesta en lo que pueda decir el Tribunal de Estrasburgo dentro de unos años; busca resultados ahora, mientras lleva la cartera.
Debido a ello, cuando sospechó de que II-SP pudiera aglutinar voto de la izquierda abertzale decidió dar una vuelta de tuerca. Otras veces le había salido bien. La debilidad probatoria de las acusaciones policiales no había sido hasta la fecha ningún obstáculo ni ante el Tribunal Supremo ni ante el Constitucional, aunque en algunos casos los magistrados hubieran hecho algún mohín de desaprobación. ¿Por qué ahora iba a ser diferente? ¡Qué paradoja para los que se ríen de las cuestiones identitarias!
Esta vez ha sido diferente porque los impulsores de la candidatura y la inmensa mayoría de los candidatos no eran vascos. Si Iniciativa Internacionalista se hubiera gestado en Busturialdea en lugar de en Castilla, ahora estaría prohibida. A fin de cuentas, a ningún vasco es difícil encontrarle una mayor vinculación con la izquierda abertzale y, digan lo que digan, casi todos somos sospechosos. Vean si no la ligereza con la que el mismo Tribunal Constitucional desoyó el recurso de Askatasuna, cuyo veto -citado por ser el último- resultaba igualmente escandaloso.
Tampoco entonces había pruebas de que aunque «ETA-Batasuna» (por utilizar la terminología al uso) quisieran estar presentes en los comicios autonómicos, Askatasuna fuera el medio empleado para ello. Ni las relaciones orgánicas con formaciones de la izquierda abertzale de sus promotores o candidatos eran mucho mayores que las de II-SP. Pero como eran vascos, ningún tribunal puso en duda la ilicitud de los nexos existentes.
El error del gobierno español fue no darse cuenta de que existe una conciencia extendida también en el estado español de que Euskal Herria es una nación. Por tanto, lo que en las relaciones internas puede ser «colaboración», cuando se cruzan las mugas pasa a ser «solidaridad» o «simpatía». Ocurre así en todo el mundo. De ahí que se diera una reacción más o menos generalizada que se preguntara: ¿Cómo se puede acusar de colaborar con la izquierda abertzale a quienes ni siquiera son vascos? Y quienes se interesaron en buscar respuestas en las pruebas, comprobaron que no existían.
Tampoco otras veces las hubo, pero ahora resultaba más descarado, porque esta vez el delito y la culpa no se daban por sobreentendidos, como en ocasiones anteriores.
Y de ahí comenzó a surgir un runrún de incomodidad con lo actuado por Gobierno y Supremo que encontró su satisfacción final en el Constitucional.
¿Por qué el Tribunal Constitucional ve las cosas distintas al Supremo? Hay quien intenta aprovechar y dice que es por el rechazo al uso de violencia en un estado democrático que expresó II-SP. El Constitucional se encarga de aclarar que «no es necesario». Sería más fácil encontrar la respuesta en que, al final, quien iba a ser juzgado por este caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no iban a ser tanto el gobierno español o el Tribunal Supremo, sino el Constitucional, que sería quien en última instancia resultaría el culpable de no haber garantizado los derechos de los recurrentes.
Por lo tanto, a la vista de que una parte de las élites opinantes (claro ejemplo en «El País») le habían allanado el camino, prediciendo incluso males mayores a futuro, los integrantes del TC se atrevieron a dar el paso de contradecir la estrategia cortoplacista del Gobierno. Que los ministros pasan, pero los jueces permanecen.
También cabe preguntarse qué consecuencias tendrá esta decisión ante futuras citas electorales. Teniendo en cuenta que las próximas elecciones previstas son las municipales y forales de 2011, mejor hacer votos para que a esas alturas el conflicto esté encauzado y no haya que andar, de nuevo, con esta burra a brincos.
