Editorial de Gara
23 de mayo de 2009
La consecuencia positiva que desde un punto de vista democrático deviene de la nueva sentencia del Tribunal Constitucional español -la posibilidad de que Iniciativa Internacionalista - La Solidaridad entre los Pueblos pueda presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo y que quienes sostienen su ideario o programa puedan votar legalmente por esa opción- no puede ocultar el cinismo que caracteriza ese fallo.
La defensa de la «pluralidad política» y la glosa a la legitimidad de una «izquierda abertzale» abstracta, de boca de unos jueces que a estas alturas han avalado la ilegalización de cientos de candidaturas con «indicios» irrisorios y basándose en conceptos fascistas como el de la «contaminación», son bien un acto de revocación jurisdiccional profundo, bien una artimaña para salvar la escasa credibilidad del sistema jurídico español ante los organismos internacionales.
A pesar de la retórica garantista de la sentencia, no existe ningún indicio de que se haya dado un cambio estructural de semejante dimensión. Asimismo, el tono amenazante que mantuvo ayer el Ejecutivo español, que debería explicar primero su postura y asumir después las consecuencias políticas de su presión a los tribunales, no indica arrepentimiento alguno, ni mucho menos.
La Ley de Partidos incumple de principio uno de los pilares del Derecho como es el de no legislar ad hoc, es decir, no crear leyes que sean únicamente aplicables a un grupo determinado o a una única manifestación de un fenómeno y que, por ende, no se puedan aplicar a otras. La sentencia, paradójicamente, expone cómo la mencionada ley tiene como objetivo único ilegalizar a la izquierda abertzale como tradición y expresión política. Y ahí se encuentra otro de los errores de cálculo político -incluso se podría decir antropológico- de sus promotores.
Se diseñó con la perspectiva de que la ilegalización de Batasuna empujaría definitivamente a la izquierda abertzale a la clandestinidad. Pero esa idea sólo muestra un profundo desconocimiento de la realidad vasca. A partir de ese desconocimiento los tribunales españoles han tenido que ir forzando su propia doctrina. Una doctrina basada en el cinismo político, no en el Derecho.
